El Mercado inmobiliario se esta moviendo.

En la última semana los medios de comunicación han publicado diversas informaciones que ponen de relieve que algo se está moviendo en el mercado de la vivienda. El diario Expansión publicaba hace unos días que la división inmobiliaria en el Estado del banco francés BNP ha ampliado su plantilla en 80 empleados, situándola ya 200 personas. Las perspectivas de crecimiento de 2019 son del 52%. BNP ha fichado, además, directivos con experiencia como Knight Frank, Unibail Rodamco, JLL o CBRE.

Mientras el sector privado los bancos van tomando posiciones algunos, pero vendiéndose su división inmobiliaria, como es el caso del Banco Sabadell que en julio vendió dos grandes paquetes inmobiliarios por valor de 3.900 millones de euros a un fondo de inversión estadounidense; El sector público continúa con la política de estímulos al alquiler. Una política que a veces pasa por dar alicientes a propietarios de pisos vacíos y en otros para penalizarlos.

Dentro de esta política de palo y zanahoria, esta última semana ha tocado palo. El ejecutivo español ha anunciado que tomará “medidas de carácter coercitivo” contra los propietarios de viviendas vacías, y ha avanzado que se regulará el sector de la vivienda para convertirlo en “un servicio público de interés general”, según publicó El País. Las medidas que pretende aplicar el gobierno estatal no se limitarán a los inmuebles que son propiedad de bancos o promotoras sino también a personas físicas.

Actualmente se calcula que en el Estado hay 3,4 millones de viviendas vacías, según datos del Censo de Población y Viviendas del INE del 2011, que es el único que está disponible. El Ministerio de Fomento ha propuesto como principal objetivo “movilizar” esta bolsa de vivienda vacía y por eso ha presentado ya al Consejo de Ministros una propuesta para homogeneizar la legislación en esta materia, a día de hoy en manos de las comunidades autónomas. Por el gobierno español, no puede ser que en función de la sensibilidad de cada gobierno autonómico se tomen medidas más o menos duras para erradicar la falta de vivienda.

El gobierno central quiere que la vivienda deje de ser un bien especulativo. El objetivo es evitar que los fondos buitre que han ido adquiriendo grandes paquetes de vivienda puedan subir indiscriminadamente las rentas a sus inquilinos con el objetivo de desahuciar para vender los inmuebles posteriormente a precios altos, situación que ya se dio a Madrid recientemente. El ejecutivo quiere profundizar en el carácter social de los programas de ayudas del Plan Estatal de Vivienda y incrementar el parque público de vivienda de alquiler y “protegerlo” para garantizar su en el tiempo.

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